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La Junta viola nuestro derecho constitucional de acceso a información pública



Desde hace cinco años, la Junta de Control Fiscal incumple con una solicitud de documentos públicos que le hizo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En 2017 el CPI demandó a la Junta en la corte federal para hacer valer el derecho de acceso a información que reconoce la Constitución de Puerto Rico. Hasta el momento, todas las cortes han resuelto a favor del CPI. Pero el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien pronto determinará si la Junta debe o no cumplir con las leyes de transparencia de Puerto Rico. Aquí un resumen de los reclamos y


¿Qué documentos solicitó el CPI a la Junta?


El CPI solicitó documentos sobre la situación fiscal de Puerto Rico que la Junta recibe del gobierno central, copia de las comunicaciones entre la Junta y el gobierno federal y de Puerto Rico, minutas de reuniones, documentos de conflicto de interés, y declaraciones financieras. Todos son documentos que, bajo las leyes de Puerto Rico, cualquier persona u organización puede solicitar al gobierno. También son documentos vitales para investigar y hacer auditorías ciudadanas sobre la deuda y su proceso de reestructuración. La Junta ha entregado algunos documentos al CPI pero aún debe cerca de 20,000 documentos.


¿Qué argumenta la Junta?


La Junta improvisa teorías legales para esquivar su obligación de entregar información pública y limitar al máximo su deber de transparencia. Dice la Junta que, aunque es una entidad del gobierno de Puerto Rico (y financiada con fondos públicos), no puede ser demandada en las cortes federales para cumplir con leyes de Puerto Rico, según la doctrina de inmunidad soberana. Pero tampoco puede ser demanda en las cortes de Puerto Rico, según PROMESA. En otras palabras, no habría ningún foro -ni federal, ni estatal- para obligar a la Junta a cumplir con las leyes de Puerto Rico.


La Junta también dice que no tiene suficientes recursos para poder divulgar toda la información que pide el CPI. Esto a pesar de que ha gastado más de $1,200 millones de fondos públicos estatales en servicios legales y profesionales desde que llegó a Puerto Rico.


¿Qué pasa si la Junta gana el caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos?


Si el Tribunal Supremo federal dice que la Junta no tiene que cumplir con las leyes de transparencia de Puerto Rico, se estaría violando el derecho fundamental de acceso a información pública reconocido ampliamente por nuestra constitución y jurisprudencia. La Junta operaría sin transparencia alguna, ni mecanismos de rendición de cuentas o fiscalización. En el futuro también podría esquivar otras leyes de Puerto Rico, operando totalmente fuera de nuestra constitución y de los derechos allí reconocidos.


¿Por qué nuestra Comisión decide comparecer como amigos de la corte en este caso?


El derecho de acceso a información pública es de suma importancia en Puerto Rico. Permite que el pueblo fiscalice al gobierno y conozca las razones que llevaron a la crisis actual. Si la Junta se sale con la suya, el pueblo perderá acceso a información sobre muchos temas, particularmente sobre la deuda pública y los efectos dañinos de su reestructuración. Para nuestra Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público tener acceso a la información sobre la deuda y gestiones de la Junta de Control Fiscal es base para poder realizar nuestra función principal de hacer investigaciones y auditorías ciudadanas de la deuda.


Por eso nos unimos a Sembrando Sentido, CAMBIO PR, IEFFA y la Liga de Ciudades para exigirle al Tribunal Supremo federal que no exima a la Junta de las leyes de transparencia. Puedes leer nuestro escrito al Tribunal Supremo aquí. Más de 30 organizaciones y 19 profesores de derecho se manifestaron a favor de los reclamos del CPI, lee más aquí.




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