Tabla de Contenido
Resumen
Principales cambios en nueva enmienda al plan de ajuste
Duro golpe judicial para los bonistas buitres y nuevo acuerdo con Black Rock y otros
La nueva deuda de la AEE por los próximos 35 años
En riesgo las pensiones presentes y futuras
Conclusión
Resumen
La Junta de Control Fiscal radicó una 3ra Enmienda al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el último paso importante en el proceso de reestructuración de las deudas del gobierno de Puerto Rico. El PAD propone reducir la deuda en bonos de la AEE de cerca de $8.3 mil millones a alrededor de $2.3 mil millones, lo que implicaría un recorte a los bonos de 72%, una reducción mayor a las propuestas anteriores. Aun con esta reducción, la fuente de repago de los bonos todavía descansaría en tres (3) cargos nuevos en la factura de la luz, uno fijo y dos volumétricos que dependen del consumo de cada cliente, llamados en el PAD en su conjunto, el legacy charge.
A pesar de que estos cargos son menores a los contemplados en los planes anteriores, aun así afectaría no solo los bolsillos de los consumidores residenciales, comerciales e industriales, ya golpeados por las medidas de austeridad de la Junta, sino las posibilidades de una recuperación que logre sacar al país de los más de quince años de estancamiento económico. De la misma forma, el PAD incluye una serie de bonificaciones y pagos de millones de dólares en efectivo para los bonistas, que desviaría para el pago de la deuda fondos necesarios para evitar recortes de pensiones, atender la crisis del sistema de retiro y la rehabilitación que tanto urge del propio sistema eléctrico.
Principales cambios del nuevo plan de ajuste
La siguiente tabla ofrece una comparación de los cambios en tarifas entre la 2da y la 3ra enmiendas al PAD.
Aun cuando todas las tarifas bajaron en comparación con el PAD anterior, se puede notar que la Junta redujo mucho más las tarifas fijas de los grandes comercios e industrias. Las tarifas fijas mensuales serán de $1 y de $1.25 para los clientes residenciales sin subsidios y para los pequeños comercios, respectivamente. Otros comercios de mayor tamaño pagarán $50 o $112.50 al mes, dependiendo de su clasificación como clientes de la AEE. Estos aumentos pueden parecer menores pero el verdadero golpe está en las tarifas volumétricas.
Las tarifas volumétricas son cargos que dependen del consumo de cada cliente. A mayor consumo, mayor el pago por hacer. La tarifa volumétrica se divide en dos, lo que se pagaría por cada kilovatio hora (kWh) consumido por los primeros 425 kWh y lo que se pagaría una vez se sobrepase este límite.
Nótese que la Junta redujo el tope entre la primera y la segunda tarifa volumétrica, de 500 kWh a 425 kWh, lo que afectaría principalmente a todos los clientes residenciales y a los pequeños comercios pues el costo de cada kWh consumido una vez sobrepasado el límite aumentaría hasta cuatro veces. A los clientes residenciales con subsidio la tarifa volumétrica les aplicaría una vez sobrepasen los 425 kWh de consumo y pagarían 1.33¢ (un centavo con 33 centésimas) por cada kWh. Para los clientes residenciales sin subsidio la tarifa sería de .66¢ (66 centésimas de un centavo) por cada kWh por los primeros 425 kWh y, al pasar este límite, pagarían 2.65¢ (dos centavos con 65 centésimas) por cada kWh. De la misma manera, los pequeños comercios pagarían 1.33¢ por cada kWh por los primeros 425 kWh, mientras que pagarían 2.65¢ por cada kWh por el resto.
El cliente residencial promedio no subsidiado, que consume 575 kWh mensualmente, bajo el nuevo PAD, pagaría $7.78 adicionales en su factura. Un pequeño comerciante que consume 1500 kWh pagaría $35.39 mensualmente. Un supermercado que consume 110,000 kWh mensualmente pagaría un cargo de $1,509.50 adicional por mes en su factura sólo para el pago a bonistas.
Es importante destacar que este PAD propone un mayor cargo volumétrico que el PAD anterior para los clientes industriales y los clientes comerciales grandes. En algunos casos, dado el alto consumo de algunos tipos de empresas, esto podría resultar en un aumento total más grande con el nuevo PAD, a pesar de la reducción en el cargo fijo.
La AEE no ha publicado datos recientemente sobre el consumo comercial e industrial desglosado por clase tarifaria, pero tenemos acceso a datos del año fiscal 2014. En aquel año habían 365 clientes comerciales grandes (en la clase GST 213), con un consumo promedio de 418,800 kWh mensualmente. Tal cliente promedio solamente vería una reducción en su aumento mensual de 7% en comparación con el PAD anterior. Un cliente en esta clase que consume más de 562,500 kWh (34% más del promedio) vería un aumento mayor bajo el nuevo PAD en comparación con la versión anterior.
Duro golpe judicial para los bonistas buitres y nuevo acuerdo con Black Rock y otros
La radicación de la 3ra Enmienda al PAD de la AEE se da en el contexto de dos decisiones recientes de la jueza Swain que significaron un duro golpe para los bonistas, principalmente fondos buitre. En una primera sentencia, Swain decidió que el colateral de los bonos no incluye los ingresos futuros de la corporación, como pretendían los bonistas, sino que sólo podrían cobrar de los ingresos netos de la corporación o lo que sobrara luego del pago de los gastos operacionales. Sin embargo, la Jueza Swain también determinó que el contrato de fideicomiso de los bonos (trust agreement) estableció una serie de remedios o un “derecho a recurso” en el caso de que los ingresos netos de la AEE no fueran suficientes para pagarle a los bonistas.
En una segunda sentencia más adelante, Swain decidió nuevamente a favor de la postura de la Junta y el Gobierno que reclamaban que el valor del derecho a recurso de los bonistas era de $2.38 mil millones en vez de los $8.3 mil millones, como reclamaban los bonistas o el valor original de los bonos al inicio de la quiebra.
Nuevo acuerdo con grupo de fondos buitres como Black Rock y otros
Aún con el golpe judicial a sus pretensiones de cobro, un grupo de bonistas buitres encabezados por Black Rock, fondo de inversión más grande del mundo, llegaron a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal, que según declaraciones del propio presidente de la Junta fue por iniciativa “creativa” de dicho acreedores.
La determinaciones judiciales de Swain pusieron a la defensiva a los fondos buitre y provocaron una división en sus filas, lo que conllevó a que el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE, comité compuesto por siete fondos multimillonarios que poseen alrededor de la mitad de los bonos en circulación de la AEE, estén ahora en lados opuestos del acuerdo. BlackRock, Nuveen, Taconic, Whitebox y Franklin respaldan el PAD. Invesco no apoya el acuerdo propuesto, mientras que GoldenTree busca apelar las decisiones de Swain en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston y solicitó que la AEE sea puesta en sindicatura a favor de los bonistas.
El PAD propone emitir $2.3 mil millones en nuevos bonos y otorga una serie de bonificaciones a los fondos buitre que respalden sus términos. Los fondos buitre que ya aceptaron el acuerdo recibirán un pago base en efectivo, que estimamos significaría un recorte base de 84%. Este recorte, no obstante, es menor cuando consideramos los múltiples pagos extra incluidos en el PAD.
Uno de los grandes problemas de este PAD es que por medio de subterfugios invisibiliza el pago real que estarían recibiendo los fondos buitre. El PAD estipula, por ejemplo, que el gobierno central asignará $400 millones para pagarle a los acreedores por sus gastos de abogados y asesoría financiera. Llama también la atención que los cinco fondos buitre que apoyan el PAD se comprometieron a comprar alrededor de $1.6 mil millones de los nuevos bonos por emitirse. A cambio estos fondos cobrarán 8.25% del total de estos bonos en comisiones, lo que implica un pago de alrededor de $124 millones, más honorarios adicionales de aproximadamente $74 millones.
En total, en el PAD se pueden identificar sobre $670 millones en honorarios y pagos en efectivo para bonistas y para los abogados y asesores de las varias partes del caso de quiebra.
Asimismo, se pueden identificar dos pagos contingentes que, de materializarse, abrirían la posibilidad de que estos bonos sean pagados en un 100%:
Instrumento de valor contingente basado en los ahorros de Genera PR: La AEE emitiría dos instrumentos de valor contingente (CVI, por sus siglas en inglés), una especie de bono cuyo pago solo se activa en el caso que se cumplan ciertas condiciones. El primero de estos CVIs se activaría si Genera PR, la corporación subsidiaria de New Fortress Energy contratada para administrar las plantas generatrices de la AEE, logra ciertos ahorros en sus operaciones en los próximos diez años. Los fondos buitre recibirían hasta un 25% de estos ahorros. El 15 de septiembre Genera PR presentó al Negociado de Energía su “Fuel Optimization Plan”, el cuál predice ahorros de $200 millones a través de los próximos 5 años, aumentando anualmente a través del periodo. Extrapolando a los diez años del contrato de Genera implicaría un pago a los bonistas de $100 millones o más.
Observamos con preocupación que en vez de escoger una métrica simple para comprobar si han habido ahorros, como las tarifas, el PAD amarra este CVI a una métrica difícil de fiscalizar por ser un cálculo hecho por Genera PR, quienes elaboran los datos basados en su operación del sistema y reciben un incentivo financiero por generar ahorros, lo que puede conllevar a que calculen más ahorros de los que realmente existen. Sin la privatización, la AEE hubiera podido utilizar el 100% de los ahorros para reducir las facturas de los clientes.
Instrumento de valor contingente si se pagan primero los bonos: La AEE emitiría un segundo CVI cuyos pagos se efectuarían solo si los nuevos bonos son pagados en su totalidad antes de su fecha de maduración. Los pagos de los bonos dependen de los recaudos de las facturas de los clientes que logre la AEE. En el caso de que los recaudos sean mayores a los proyectados, como podría ocurrir de aumentar el número de consumidores o nivel de consumo, existe la posibilidad de que los bonos sean pagados antes de tiempo. De saldarse dichos bonos antes de su tiempo de maduración, bajo el nuevo acuerdo con los bonistas, los recaudos del cargo fijo que surjan luego de saldar los bonos (los cargos volumétricos serían eliminados), irían para hacerles pagos o bonificaciones adicionales a los bonistas, aumentando su recuperación y reduciendo así el recorte a la deuda anunciado por la Junta.
Los dos pagos contingentes de los CVIs desviarían fondos que pudieran ser invertidos en mejorar la infraestructura eléctrica del país, que está en su peor momento, o en reducir las facturas de los clientes, que es una de las más altas. Así, cualquier aumento en recaudos seguiría utilizándose para pagar y aumentar la recuperación de los bonistas, reduciendo en la práctica cualquier alivio o recorte a la deuda anunciado, lo que resulta inaceptable dado el estado deplorable en que se encuentra el sistema eléctrico y nuestra economía.
Los fondos buitre que aún no se han sumado al acuerdo pero que lo respalden antes del 31 de octubre de 2023 obtendrían un pago base del 12.5% de su reclamo (un recorte base de 87.5%). Los fondos buitre que no acepten la oferta de la Junta recibirán un recorte de 96.5%, un gran golpe para aquellos que buscaron aprovecharse de la crisis de deuda del país.
Por otro lado, los grandes ganadores de este PAD son los fondos buitre dueños de las líneas de crédito que la AEE obtuvo para la compra de combustible. Dicha deuda será intercambiada por $650 millones de nuevos bonos, lo que representa un recorte de solo 16% de estos préstamos. Además, estos fondos buitre recibirán hasta $26 millones en efectivo o en nuevos bonos, dependiendo de lo que decida la Junta.
La nueva deuda de la AEE por los próximos 35 años
La Junta propone pagar la deuda pendiente con la AEE con la emisión de nuevos bonos que se dividen en tres tipos. La siguiente tabla muestra sus rasgos generales.
Tres asuntos llaman la atención sobre lo que propone la Junta podemos pagar:
1. El pueblo de Puerto Rico estará pagando por los nuevos bonos hasta el 2059, o sea, por los próximos 35 años, un periodo de tiempo extremadamente largo para un sistema eléctrico que está en tan malas condiciones.
2. Los intereses que pagarán los bonos alcanzan hasta poco más del 7%, una tasa alta que debilita las finanzas de la AEE.
3. A pesar de que los nuevos bonos son por alrededor de $2.3 mil millones, en realidad el país terminaría pagando más del doble o $5.15 mil millones al sumar el pago de intereses. Esta cifra tampoco incluye los posibles pagos por los CVIs ni los pagos millonarios en honorarios ni comisiones, por lo que el pago final podría ser muchísimo mayor en claro detrimento del pueblo de Puerto Rico.
En riesgo las pensiones presentes y futuras
El Sistema de Retiro de la AEE está insolvente y el fondo se quedó sin dinero para pagar a sus aproximadamente 12,000 beneficiarios en abril de 2023. La insolvencia del Sistema de Retiro se atribuye a la falta de la AEE de cumplir con su aportación patronal por la última década que redunda en unos mil millones de dólares.
La AEE ha encontrado dinero para el pago de las pensiones actuales hasta octubre de 2023. En este momento, no hay certeza sobre una fuente de fondos para el pago de las pensiones a partir de octubre. Más de los 12,000 beneficiarios actuales del sistema, hay casi 3,000 trabajadores activos, incluyendo los empleados de la AEE y los ex empleados que fueron movilizados a otras agencias gubernamentales como consecuencia de la privatización de la AEE.
La Junta sigue proponiendo el mismo tratamiento del Sistema de Retiro de la AEE que propuso en la versión anterior del PAD, es decir, que la AEE asuma el pago total de las pensiones actuales, sin ningún recorte inmediato, como ocurre en el gobierno central bajo el sistema de “pay go”. Sin embargo, propone congelar los beneficios para los trabajadores activos y convertir de un sistema de beneficio definido a un sistema de contribución definida, sin aportación patronal.
De igual forma, proponen eliminar los ajustes de costo de vida (COLA) para las pensiones actuales y futuras, elemento muy criticado del plan de ajuste del gobierno central por significar a la larga un recorte indirecto a las pensiones provocado por la inflación y que los mismos asesores de la Junta reconocieron hará que las personas pensionadas vean en la práctica su poder adquisitivo reducido considerablemente.
El PAD no estipula una fuente de fondos o aumentos en la tarifa de luz para el pago de las pensiones actuales, sólo dice que la obligación de proveer fondos para los beneficios del sistema de retiro es una obligación de la AEE. Sin embargo, según el Plan Fiscal 2023 de la AEE, el aumento en tarifa para pagar las pensiones actuales de la AEE de manera “pay go” sería entre 1.5 y 2.2 centavos por kWh durante las próximas décadas.
Una alternativa viable para evitar o minimizar aumentos en la factura está en que el gobierno central identifique fondos para garantizar las pensiones actuales y futuras. Los propios recaudos de la AEE se han visto afectados por las decisiones del gobierno central de legislar para crear subsidios, entre otras medidas, es hora que asuman más responsabilidad fiscal por esas decisiones.
El análisis que los representantes del Sistema de Retiro han presentado en el caso de Título III estima que el pago de las pensiones actuales requiere $275.5 millones en el año fiscal 2024, $269.3 millones en 2025, y bajando hasta $27.6 millones en el año fiscal 2060. Por otro lado, para recapitalizar el Sistema de Retiro y mantenerlo como sistema de beneficio definido para los trabajadores activos requeriría una inversión de menos de $700 millones debido a la merma también de trabajadores por la entrada de LUMA y Genera.
Actualmente el gobierno central tiene en efectivo en su “Treasury Single Account” fondos ascendentes a $6.7 mil millones según su informe del 15 de septiembre del 2023. El gobierno central ha informado superávits y aumentos en los ingresos del IVU que podrían ser posibles fuentes de pago a considerar. De igual manera, mientras más se recorte a la deuda no asegurada de los bonistas, más recursos estarán disponibles para estos pagos esenciales.
Conclusión: El nuevo plan de ajuste no es sostenible porque sigue poniendo el pago de la deuda por encima del pago de pensiones, las necesidades del sistema eléctrico y de nuestro desarrollo económico.
Aumentos en la factura de la luz como los propuestos, aunque sean menores a los del PAD anterior, tiene implicaciones nefastas porque durarán décadas y por su efecto en cadena en el aumento de los costos de producción y, por tanto, de bienes y servicios. Economistas y portavoces de los sectores comerciales han advertido que los aumentos propuestos para pagar la deuda de la AEE siguen representando el cierre de negocios y la pérdida de miles de empleos.
Uno de los peritos de la propia Junta concluyó hace unos años que aumentar la tarifa de la luz por encima de 21.4 centavos (kwh) podría reducir el crecimiento económico de la isla por debajo del nivel mínimo necesario para lograr la sostenibilidad fiscal e incluso llevaría a la AEE a incumplir a largo plazo nuevamente con el pago de la deuda. Cuando se publica este informe ya se paga sobre 23 centavos kwh, muy por encima del costo promedio en los Estados Unidos, siendo Puerto Rico una de las jurisdicciones más pobres.
En el Plan Fiscal 2023 de la AEE, la Junta reconoció que el pago a los bonistas está en competencia directa con los recursos para atender las necesidades del sistema eléctrico, expresando que todos los ingresos adicionales resultado de aumentos en la tarifa para el pago de la deuda se podrían utilizar para transformar a la AEE a un sistema moderno, eficiente y limpio.
No obstante, la Junta insiste en aumentos a la factura y utilizar estos ingresos e incluso pagos adicionales de millones en efectivo para los acreedores en momentos donde el pago de las pensiones de más de 12 mil familias no está garantizado y el país sigue sufriendo de apagones diarios y por periodos largos de tiempo. Además, el fallo de atender las necesidades del sistema eléctrico y de las pensiones probablemente va a resultar en futuros aumentos en la tarifa, más allá de lo que propone actualmente el PAD.
Por tales motivos la lucha por una reestructuración justa de la AEE debe continuar. La jueza Swain ha anunciado para marzo de 2024 la vista final para la evaluación de este nuevo plan de ajuste. Se pueden presentar objeciones a este nuevo plan de ajuste en el proceso judicial antes del 29 de enero.
Si bien en comparación con las versiones anteriores, la 3era enmienda al PAD de la AEE es un paso en la dirección correcta, el trato al Sistema de Retiro, los aumentos a la factura por 35 años y los pagos extra a los bonistas van en detrimento de nuestro futuro energético y desarrollo económico haciendo en un balance de intereses el nuevo PAD propuesto una alternativa insostenible a largo plazo y debemos oponernos.